La ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y las contravenciones graves de primera clase en el cantón Babahoyo.

Abstract

Fueron aprobadas por la Asamblea las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, que incluyen la participación de los gobiernos locales en esta importantísima área. Luego de una serie de acusaciones entre asambleístas de la oposición y el oficialismo, que tuvieron que ver con supuestos arreglos con los gremios del transporte para suavizar las reformas a la Ley de Tránsito, éstas se aprobaron en segundo debate, esperándose el pronunciamiento del Ejecutivo al respecto. El debate de estas reformas se dio en los últimos días al calor de las trágicas consecuencias de la evidente permisividad que existe en el país respecto al control del estado de los vehículos, la capacitación profesional de los conductores, y en general las sanciones por delitos y contravenciones que se contempla en materia de tránsito y transporte. La ciudadanía sufre las consecuencias de estas falencias, que sin exageración vuelven a las carreteras y más vías del país en verdaderas “pistas de la muerte”, donde la irresponsabilidad se une a la falta de control del estado de las unidades. Todo ello, se dice, pretende corregirse con las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que involucra a los gobiernos seccionales en las tareas de regulación y control de tan importantes áreas. Es positivo que los gobiernos locales sin excepción pasen a ser copartícipes de los procesos de control y planificación del tránsito y el transporte en sus respectivas jurisdicciones, por supuesto contando siempre en ello con el aporte de la Policía y los organismos nacionales encargados de organizar el sistema de transporte y tránsito. Sin embargo, es evidente que estas reformas no van a surtir efectos “mágicos”, por así decirlo, de la noche a la mañana, pues ante todo hay que organizar los servicios de tránsito en las jurisdicciones municipales y provinciales, capacitar eficazmente al personal que laborará en ellos, dotar de oficinas, implementos, etc. todo lo cual supone fuertes erogaciones económicas a favor de una mayor seguridad vial.