Los Juzgados Especializados y el Principio de Celeridad y Defensa del Procesado en los Delitos de Transito.

Abstract

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, formar y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidad. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentaran contra los derechos que reconoce la Constitución. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.